Prestar por sus propios medios con autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, brindando acompañamiento jurídico en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas que fortalezcan la seguridad humana, acorde a las necesidades específicas de las entidades territoriales a nivel nacional.